En América Latina sobran ejemplos de gobiernos que “digitalizaron” sin simplificar. Formularios que antes eran en papel pasaron a ser online, pero los pasos, requisitos y solapamientos entre áreas siguieron intactos. El resultado fue previsible: más tecnología, pero la misma burocracia.
Por eso, más que debatir sobre herramientas, el punto clave es qué debería promover una normativa moderna de simplificación para que los trámites digitales y los expedientes digitales realmente mejoren la relación entre Estado, Ciudadanía, empresas y tercer sector.
La experiencia mexicana
La Ley Nacional de Simplificación y Digitalización de México muestra algo valioso: cuando existe un marco normativo claro, los tres niveles de gobierno, incluidos los municipios, se ven obligados a revisar cómo funcionan sus procesos, no solamente a digitalizarlos.
Esto importa porque los municipios son el primer eslabón del Estado de cara a la Ciudadanía: son quienes resuelven más cuestiones de la cotidianeidad de todos nosotros, pero también donde más se siente la burocracia excesiva.
Si no cambiamos las reglas de juego en los Municipios, digitalizar no alcanza.
Digitalizar no es lo mismo que simplificar
Digitalizar un trámite malo no lo vuelve bueno. Solamente lo hace más rápido.
La verdadera mejora empieza cuando el Estado cuestiona cada requisito, elimina duplicaciones y diseña procesos más simples. Recién después, los trámites digitales y los expedientes digitales se vuelven herramientas poderosas para reducir tiempos y costos.
Hoy, además, es muy difícil simplificar sin digitalizar, porque la interoperabilidad entre áreas, el intercambio seguro de datos y la reutilización de información requieren sistemas modernos. Pero la tecnología debe estar al servicio de la simplificación, no al revés.
Qué debería promover una normativa moderna de simplificación
Un marco legal efectivo para transformar los trámites digitales y los expedientes digitales debería impulsar, al menos, estos principios:
- Interoperabilidad real entre sistemas públicos y privados
- Apertura y estándares claros para integrar múltiples soluciones externas
- Ciberseguridad y resiliencia desde el diseño
- Protección de datos y trazabilidad de accesos
- Identidad digital confiable y reutilización responsable de información
- Gobernanza de datos con responsables claros por cada registro
Sin estos pilares, cualquier digitalización corre el riesgo de quedar encerrada en plataformas cerradas que no dialogan con el resto del ecosistema.
La lección argentina con GDE
Argentina avanzó con el sistema de Gestión Documental Electrónica, pero también dejó una enseñanza importante. En varios casos, la dificultad para integrarse vía APIs sin instalar el sistema on premise limitó la interoperabilidad y frenó importantes innovaciones locales.
Esto demuestra que no alcanza con una gran plataforma central. Hace falta un ecosistema abierto, con amplia participación del sector público pero también del privado, donde distintos actores puedan construir, integrar y mejorar soluciones para trámites digitales y expedientes digitales.
Un Estado más simple y eficiente
Una normativa moderna de simplificación no es solo técnica. Es una decisión política sobre cómo el Estado quiere relacionarse con la ciudadanía.
Cuando los trámites digitales están bien diseñados, interoperan y eliminan redundancias, el Estado se vuelve más ágil, más transparente y más confiable. Ese es el camino que debería guiar a Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y el resto de la región.
