En 2025, la inteligencia artificial dejó de ser un tema de especialistas y pasó a ser una obsesión. De repente, todos querían “poner IA” en el Estado. Algunos por convicción, otros por moda y otros para no quedarse afuera.
Pero esto deja una pregunta incómoda, ¿estamos usando IA para mejorar la gestión pública o solamente para decir que usamos IA?
El mundo avanza y la comparación es inevitable
Mientras las personas y las empresas adoptaron IA para trabajar mejor, más rápido y con menos fricción, la brecha con el Estado se volvió evidente. No porque el Estado haya empeorado, sino porque el resto del ecosistema se volvió brutalmente más eficiente.
Hoy cualquier ciudadano puede resolver en minutos tareas que antes llevaban horas. Y cuando después tiene que enfrentarse a un trámite que requiere papel, sellos, traslados y esperas, la diferencia se siente y mucho.
Esto no es una crítica ideológica a la burocracia, sino una descripción realista de lo que está pasando.
Cuando el anuncio va más rápido que la realidad
En este contexto aparecieron casos que hicieron mucho ruido. El de Albania con su “ministra IA” y, más cerca, el de Zárate con su “funcionaria IA”.
Son iniciativas que funcionan perfecto como estrategia de comunicación política, pero conviene decirlo sin vueltas: una herramienta no es un sujeto de derecho, no firma actos administrativos válidos ni asume responsabilidades. No importa cuánta IA tenga.
No es ilegal ni tampoco peligroso, pero tampoco es un cambio de paradigma o una revolución en la forma en que funciona el Estado. Es una herramienta más -como ya había en muchos gobiernos- con la particularidad de tener una cuota de marketing político puro y duro.
Donde la IA sí empieza a tener sentido
La buena noticia es que también hubo avances reales, tal vez menos estridentes pero mucho más interesantes.
En Escobar, por ejemplo, se empezó a usar inteligencia artificial para analizar procesos licitatorios y mejorar la transparencia. No hay personaje virtual ni slogan rimbombante, pero hay impacto concreto sobre cómo se gestionan los recursos públicos.
Este distrito, que se destaca por su enfoque en materia de innovación (y es parte de la Coalición de Ciudades por la IA), también implementó “Flora”, un agente conversacional que, entre otros usos, permite a la Ciudadanía obtener turnos médicos, iniciar solicitudes urbanas (por ejemplo de poda y mantenimiento) o dar los primeros pasos de una habilitación de comercio. Porque no se trata de “tener un chatbot con IA”, sino de resolver necesidades reales y concretas.
En Villarino, por su parte, funcionarios de distintas áreas involucradas en trámites críticos se reunieron para mejorar el impacto de cara a la Ciudadanía. Una herramienta con IA sistematizó las reuniones y contrastó el resultado de las mismas con la normativa vigente, identificando conflictos y proponiendo mejoras orientadas a simplificar los procesos y reducir tiempos de gestión.
En el mismo distrito, ante una situación de desabastecimiento de agua, la herramienta también fue utilizada para optimizar los recorridos de distribución de agua potable, priorizando las zonas con mayor necesidad.
Otro caso destacado fue el de Viedma, donde se implementó una herramienta de análisis tributario inteligente impulsada por IA, que permitió identificar tendencias, disparidades e incluso realizar ejercicios interactivos comparando diferentes escenarios tributarios.
También hubo avances normativos. La Provincia de Buenos Aires avanzó en un marco para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Administración Pública, entendiendo que innovar sin reglas claras incrementa los riesgos que de por sí toda innovación conlleva.
En Mendoza, desde hace un tiempo la IA se aplica para detectar microbasurales. Y en San Miguel de Tucumán, además de crear una Dirección de Inteligencia Artificial, se capacitó a los equipos del Centro de Operaciones y Monitoreo para operar unas 300 cámaras con funciones inteligentes con IA; es decir, tecnología puesta al servicio de una función concreta (la protección ciudadana).
El Poder Legislativo no se queda atrás y ya hay diversas iniciativas, en diferentes Concejos Deliberantes, para realizar análisis de Ordenanzas apoyándose en herramientas que funcionan con inteligencia artificial.
Procesos viejos, papel y falta de capacitación
Ahora bien, hay que decir lo que muchos evitan: en los lugares donde aún no se ha avanzado, el principal problema no es la falta de IA, es la forma en la que todavía funciona el Estado.
En cerca del 96% de los casos (datos de Argentina basados en el último informe de Wai), la Administración Pública sigue girando alrededor del papel. Expedientes físicos, circuitos manuales, papeles que se pierden… En otras palabras, procesos pensados para otro siglo.
En ese escenario, implementar IA sin antes ordenar procesos y capacitar personas es poner un auto de Fórmula 1 en un camino de tierra. No falla la tecnología, falla el enfoque.
Primero hay que simplificar, digitalizar y ordenar la gestión operativa. Herramientas simples, flujos claros, equipos formados. Después, y recién después, la inteligencia artificial puede marcar una diferencia real.
Lo que realmente nos dejó el 2025
La IA no va a cambiarnos la vida por sí sola. No reemplaza decisiones, no arregla organizaciones desordenadas y no suple la falta de planificación. Pero sí tiene un potencial enorme para mejorar cómo el Estado entiende los problemas, asigna recursos y responde a la Ciudadanía.
Si dejó algo claro este 2025 es que la discusión ya está instalada. El desafío ahora es que la implementación esté a la altura del discurso y que la IA deje de ser un eslogan para convertirse en una herramienta efectiva al servicio de la gestión pública.
¿Podrá realmente la IA en el Estado mejorar la calidad de vida de la Ciudadanía?
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NDR: Para este informe de Wai, además de publicaciones en medios, comunicaciones oficiales de organismos y experiencias propias, se utilizó también el Repositorio Digital de la Universidad de Los Andes (Colombia), realizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
